Los regidores del PP en un pleno del Ajuntament de Palma. | Jaume Morey

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El grupo municipal del PP de Palma ha presentado una propuesta para el próximo pleno que pretende inmovilizar 71 millones de euros del presupuesto para reducir el déficit. Sin embargo, esta propuesta no vio ayer en la comisión de Cuentas, porque está pendiente de que se amplíe el informe de Intervención, que en principio no es desfavorable. Pese a ello, el portavoz de los populares, Julio Martínez, se mostró esperanzado en que esta propuesta pueda ir al pleno del lunes, ya que entiende que su aplicación será positiva. «Queremos que las medidas de austeridad que salgan de la comisión sean efectivas y no un brindis al sol. Por ello, debe revisarse el presupuesto municipal que se aprobó con el voto de Miquel Nadal en diciembre, y como ya no está la situación ha cambiado», aseveró Martínez. Algunos de los ejemplos que señaló fueron paralizar los gastos en asistentes técnicos, no hacer horas extras y recortes en propaganda.

El portavoz del UM, LLorenç Palmer, manifestó que están estudiando la propuesta, aunque avanzó que probablemente votarán a favor. Así, todo apunta a que la propuesta del PP se aprobará si finalmente va al pleno de próximo lunes.

Críticas

Sin embargo, el equipo de gobierno se mostró muy crítico con esta propuesta, ya que «supone una paralización del Ajuntament», según el teniente de alcaldesa de Benestar Social, Eberhard Grosske. En el mismo sentido, el regidor d 'Hisenda, Andreu Alcover, aseguró que «es una propuesta para evitar la acción de gobierno».

No obstante, Alcover espera que esta proposición no vaya al próximo pleno, porque la ampliación del informe de Intervención lo evite. El responsable d'Hisenda tiene claro que las inmobilizaciones de presupuesto las aprueba el pleno, pero considera que la propuesta la tiene que hacer el equipo de gobierno.

Alcover no ocultó su preocupación por que esta propuesta sea aprobada, ya que sería de obligado cumplimiento y aseguró que supondría dejar de pagar la Tirsu o los intereses del Plan Mirall; por lo que Tirme o los bancos podrían demandar a Cort. «Sería una barbaridad, ocasionaría unos problemas terribles», aseveró el regidor d'Hisenda, que argumentó que Cort no puede prescindir del 30% de su presupuesto.