Carles Manera, conseller d'Economia. | Teresa Ayuga

El titular de la Conselleria d'Economia i Hisenda, Carles Manera, firmó el 14 de noviembre de 2007, cinco meses después de la constitución del Govern, el contrato de adjudicación de las obras de la nueva sede de la Conselleria de Salut i Consum en la calle de Jesús, las cuales están siendo investigadas en el 'caso Bomsai'. El conseller intervino como representante de la entidad CAIB Patrimoni, mientras que Carmen Sampol Massanet lo hizo como representante de la sociedad Camí de Jesús nº 40 -formada por Sampol Ingeniería y Obras y Brues y Fernández Construcciones-, adjudicataria del concurso realizado durante la pasada legislatura.
El contrato señala en su primer punto que como consecuencia del expediente de contratación convocado por CAIB Patrimoni éste se adjudica «con los pactos, condiciones y estipulaciones que se reflejan en la misma a través del procedimiento abierto de licitación y concurso».
Esta claúsula suponía la aceptación de las condiciones impuestas en el pliego redactado por CAIB Patrimoni durante la pasada lwegislatura, las cuales suponían el pago a Atlas Capital Close Brothers S.L. y DLA Piper Rudnick Gray Cary Spain S. L. la cantidad de 154,6 miles de euros en concepto del asesoramiento prestado a la empresa pública, CAIB Patrimoni.
Esta operación, junto con la de la contrucción del parque de bomberos de Palma junto a la Vía de Cintura, fue denunciada por la propia Conselleria ante la Fiscalía y fue el desencadenante de la 'operación Bomsai'.
Adjudicación
En relación con esta intervención, el conseller Manera explicó que «la decisón de adjudicar ya estaba tomada y nosotros no queríamos paralizar el proyecto. El problema se detectó después de la firma del contrato».
Manera señaló que «la adjudicació por parte de CAIB Patrimoni era correcta, lo draconiano eran las condiciones que se imponían», en clara alusión a la comisión destinada a Atlas Capital. Desde su punto de vista «la cantidad que se le pagó a Atlas Capital (154,5 miles de euros) por un pliego de condiciones es astronómica».
El conseller admitió que «con antelación a la firma no detectamos ninguna irregularidad».