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El juez instructor de la 'opera- ción Relámpago' ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 600 millones de euros para Christian Hore, su esposa, Marta Mónica, propietarios de la finca Son Bunyola, y el abogado mallorquín Alejandro Feliu, una de las más elevadas de las fijadas en España, en un auto en el que comunica que esa pieza separada de la causa pasa a juicio oral. Asimismo, el fiscal anticorrupción Juan Carrau ha solicitado penas que suman entre 40 y 45 años de cárcel para los tres imputados por un presunto delito fiscal.
Los Hore, multimillonarios británicos, adquirieron la finca de Son Bunyola a su compatriota Richard Branson, magnate con negocios en el sector aéreo, inmobiliario y hotelero, en 2002 por casi 18 millones de euros. La operación se cerró a través de un ingreso en una cuenta bancaria domiciliada en un paraíso fiscal de Las Antillas desde una oficina del Banco de Sabadell en Palma, y fue tutelada por el letrado Alejandro Feliu, entonces, asesor de los Hore, según las investigaciones. De hecho, el juez mantiene bloqueada en la cuenta de los Hore en Palma 38 millones de euros.
Sociedades
Feliu, defendido por el abogado Juan Luis Matas, ha asegurado en las declaraciones realizadas ante el titular del Juzgado de Instrucción 7 de Palma, Antoni Garcías, que fue el propio Branson el que sugirió emplear sociedades interpuestas para hacer efectiva la operación.
El escrito de acusación del fiscal describe la mecánica empleada por los imputados para eludir, presuntamente, sus obligaciones fiscales. Solicita, por ello, 15 penas de 3 años y 10 meses de cárcel para Alejandro Feliu y Christian Hore, y 15 penas de 2 años y 6 meses de prisión para Marta Mónica, inglesa de origen colombiano, a la que incluso, en una fase inicial de la instrucción se le asoció erróneamente con carteles de la droga.
En todo caso, ninguno de los tres inculpados cumpliría la totalidad de las penas, ya que a cada uno de ellos se les aplicaría el triple de la mayor, es decir, un máximo de doce años de cárcel.
Christian Hore, conocido financiero de la City londinense, y su esposa, defendidos por el abogado Andrés Jiménez de Parga, han insistido en proclamar su inocencia e, incluso, han presentado varios recursos contra las decisiones de los jueces de Balears -la Audiencia de Palma respaldó la actuación del magistrado Garcías- en diversas instancias, la última de ellas ante la Audiencia Nacional.
El matrimonio británico han demandado al Estado español por una presunta responsabilidad patrimonial y en la que solicitan ser indemnizados con la suma de 160 millones de euros por «daños y perjuicios».
Los Hore insisten en que pagan sus impuestos en el Reino Unido, porque son residentes en ese país, y que por ello, carece de sentido de que las autoridades españolas les exigan una doble tributación. Mónica Hore está imputada por evadir unos 27 millones de euros en impuestos por impagos del impuesto sobre la renta y el que grava el patrimonio. Sus abogados, asimismo, han presentado abundante documentación ante el tribunal que probaría, según su tesis, que sus clientes son residentes en el Reino Unido y es allí donde pagan sus impuestos. Eso excluiría el supuesto fraude fiscal, ya que el delito de blanqueo de capitales ya estaría descartado tras quedar «acreditado» que la procedencia de la fortuna de los Hore «es legítima», según su letrado.