El fiscal Juan Carrau mantiene la petición de penas de cárcel para el diputado Bartomeu Vicens y el ex secretario general de UM, Damià Nicolau por delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. El ministerio público sí modificó en la última sesión del juicio su acusación contra el ex contable de Metalumba, Tomás Martín.

El autor confeso de un informe plagiado de internet para el Consell de Mallorca por el cobró 12.000 euros se enfrenta ahora a una posible multa de alrededor de 4.500 euros, ya que Fiscalía le concede los atenuantes de confesión y de reparación del daño. Su defensa, a cargo del letrado Gaspar Oliver, se sumó a la petición del fiscal en su turno de conclusiones definitivas.

Para Vicens, el fiscal Juan Carrau solicita cuatro años y medio de cárcel. La acusación sostiene que fue él quien «preparó y montó» un informe sobre el valor del suelo en Mallorca para «favorecer a su amigo Tomás Martín». Carrau sí que introdujo ciertos cambios en el relato de los hechos por el que acusa. En el escrito definitivo no aparecen las facturas falsas que emitieron Vicens y Martín. El fiscal señala ahora que la finalidad del entonces conseller era «favorecer» a su contable «por los servicios y colaboraciones prestadas y también como medio de mantener su fidelidad en el futuro».

Confesión

El fiscal basa gran parte de su acusación en la confesión de Martín, corroborada a su juicio por el comportamiento de Nicolau y Vicens: «Se realizó un trabajo inútil y que no servía para nada. El informe no fue rechazado, no se formuló queja alguna en el Consell, ni se pidió un reelaboración. Hubo una tolerancia total», afirmó.

El testimonio del contable, a juicio del letrado de Vicens, Eduardo Valdivia carece de validez. El letrado niega que la intención de su defendido fuera beneficiar al otro acusado: «Era un encargo profesional. ¿Qué hubiera ocurrido si el informe elaborado por el señor Martín fuera excelente? Es absurdo sostener que el señor Vicens prevaricó por culpa del trabajo de un tercero».

El juicio quedó ayer visto para sentencia después de que los acusados renunciaran a su derecho a la última palabra.