La Sala de lo Civil y Penal abrió una pieza separada del 'caso Son Oms' con ese estudio, que ha finalizado con la apertura de juicio oral decretado por el magistrado ponente, Antoni Capó, y la petición del Ministerio Público de 4'5 años de prisión para Vicens y de 3'2 años para el ex director insular del Territori Damiá Nicolau, que la semana pasada presentó su dimisión como secretario general de UM.
La factura por un importe de 12.020 euros estaba bajo custodia del Consell de Mallorca, concretamente, de sus socios socialistas, y sus dirigentes no entendían como se había filtrado al medio de comunicación que publicó la información.
Además, tampoco entendían la celeridad con que actuó el delegado de Hacienda tras una información periodística. El delegado explicaba en su oficio que consultada la base de datos de la Agencia Tributaria y que detectó en el Consell una venta por ese mismo importe (12.020 euros) y que la institución insular declara al contribuyente (Tomás Martín) en concepto de rendimientos de actividades profesionales.
El magistrado ponente del TSJB reclamó al Consell información sobre cuantos funcionarios de la institución estaban cualificados para realizar valoraciones del suelo. El Consell respondió de inmediato. Según UM, habían pactado con los socialistas que el informe había de contener una explicación final que indicara, «estos funcionarios normalmente no hacen esa tarea». Pero el escrito salió hacia el TSJB sin esa explicación final. La defensa de Vicens y Nicolau tiene previsto solicitar la nulidad de la pieza separada del sumario del 'caso Son Oms' porque considera «del todo improcedente que el jefe de la Agencia Tributaria actúe de esa manera por una noticia aparecida en la prensa». También, es probable que pidan la comparecencia de Burillo ante el juez .
En UM están indignados porque el delegado de Hacienda es un cargo político que depende del Ministerio de Hacienda.
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