La ex abogada de la Comunitat Autònoma de Balears María José Marco declaró ayer ante el juez instructor del 'caso Palma Arena' que «entiende» que «no hay ninguna posibilidad legal por la que se pueda contratar a los señores García-Ruiz (los arquitectos del velódromo Luis y Jaime) tal y como se hizo» «La sola urgencia no justifica legalmente un contrato como el que se hizo a los García-Ruiz», precisó.
El 'caso Palma Arena' investiga desde el pasado mes de agosto varios supuestos delitos en la construcción del velódromo Palma Arena, cuyo coste inicial casi se triplicó, al pasar de unos 48 millones de euros a 110.
Uno de los indicios incriminatorios apuntados por el Ministerio Público en la querella del 'caso Palma Arena', fue, precisamente, la ausencia del procedimiento administrativo que amparara el contrato de los García Ruiz.
Los hermanos fueron contratados por más de ocho millones y medio de euros después de la destitución del alemán Ralf Schürmann, autor del proyecto. En su contratación no se siguió el procedimiento que marca la ley para las administraciones públicas. «Ocho millones y medio de euros por un contrato de consultoría era excesivo», declaró la letrada.
También, afirmó que «no era posible» contratar a Ralf Schurmann por 10 millones de euros mediante contratación directa, «salvo que reuniera los requisitos que la legislación exige para ello».
Ayer, asimismo, declaró en calidad de imputado el ex director general de Comunicaciones del Govern de Jaume Matas, Joan Martorell, quien fue interrogado por los encargos publicitarios que contrataba con Nimbus.
También, Martorell negó haber participado en «ningún fraccionamiento de contratos de más de 12.000 euros».
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