Los arquitectos García-Ruiz, responsables de la ejecución del Palma Arena, concluyeron en varios informes que era imposible amparar técnicamente cada una de las modificaciones de las obras que multiplicaron el coste de la infraestructura. En uno de los informes sobre la situación de la obra y la valoración económica del proyecto que se presentaban periódicamente al consorcio encargado de construir el velódromo, se pone de manifiesto el desbarajuste de las obras y las tensiones con la constructora FCC para incrementar el presupuesto.
La contratista reclamaba «insistentemente», según el documento un modificado del proyecto que aumentara el precio. El mismo escrito afirma que: «por parte de la dirección facultativa -los García-Ruiz- se han realizado diversos estudios llegando siempre a la conclusión de la inviabilidad técnica de documentar dicho expediente». FCC aceptó encargarse de la construcción del Palma Arena después de dejar claro que se debía complementar el contrato con un 20 por ciento del precio ofertado más un diez por ciento de liquidación final. Los informes recogen que la constructora hacía esa estimación «dado que se ha cometido un error de valoración». El consorcio admitió esos sobrecostes ya que, de lo contrario, la empresa habría renunciado a la obra.
Plazos y coste imposibles
Todas las empresas que acudieron a la licitación del proyecto advirtieron al consorcio de que era imposible cumplir con ese presupuesto y ese plazo. La UTE formada por FCC y Melchor Mascaró obtuvo la mejor puntuación en el concurso. Sin embargo, sólo aceptó hacerse cargo de las obras, «por imposición del presidente de FCC -el ex dirigente del PP Marcelino Oreja- a su delegación de Balears, y tras un compromiso personal contraído con el President del Govern», según consta en el acta de la reunión del consorcio de mayo de 2007.
Tras deshacerse de la dirección del primer arquitecto, Ralf Schuermann, los nuevos arquitectos deciden dividir en tres el proyecto. Así, se licitaron por separado la cimentación, la cubierta y el interior del velódromo. FCC se ocupó de ejecutar los tres lotes junto a Melchor Mascaró. Antes ya se había hecho un concurso previo para ejecutar el aparcamiento. Un cuarto contrato no correspondería a obras propiamente dichas, sino que pertenecía a los videomarcadores.
Todos los contratos adjudicados a la UTE fueron modificados posteriormente. Si a la hora de firmar el contrato, la empresa pidió un incremento del 30 por ciento, la liquidación económica de la obra doblaba la cantidad en la que había sido licitada y se elevaba a cerca de 80 millones de euros, aunque finalmente el coste aún se disparó por encima de los 110 millones.
La dirección técnica de las obras y la constructora amparan el incremento del precio en que el proyecto inicial tenía numerosos defectos, lo que disparó el precio final. Los García-Ruiz llegaron a informar de que el proyecto inicial sólo incluía un ocho por ciento de la documentación necesaria para ejecutar el proyecto.
Las obras del Palma Arena se licitaron a través de cinco concursos diferentes: uno para la asistencia técnica, otros tres para construir la cubierta, los cimientos y el edificio y un último para el videomarcador. Las empresas que se presentaron consideraron insuficiente el presupuesto. Sin embargo, éste no se mofidicó en el concurso sino ya una vez se había adjudicado la obra a FCC y Melchor Mascaró. Para aceptar el encargo la constructora exigió un incremento del 30 por ciento que finalmente fue del 100 por cien.
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