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Así lo manifestó en rueda de prensa ante los numerosos medios de comunicación congregados, donde señaló que su decisión es efectiva desde hoy aunque dejará el cargo formalmente cuando en los próximos días se designe a su sustituto. No obstante, continuará como regidor 'popular' en el Consistorio palmesano.

Tal y como aseveró, su decisión antepone sus «deseos personales» a los de sus compañeros de partido, a quienes «nunca podré agradecer todas sus muestras de apoyo y respeto», al tiempo que subrayó que ha actuado de esta forma «desde el más alto sentido de la responsabilidad política», con el objetivo de evitar que el actual equipo de gobierno, «que sólo genera problemas y actúa desde la improvisación, se aproveche de mi situación procesal para deslegitimar las propuestas del PP».

Asimismo, expresó su confianza en que la justicia «actúe rápido y así se demuestre mi total inocencia». Durante su comparecencia, en la que también estuvieron presentes su antecesora en el cargo, Catalina Cirer, y otros miembros de la formación, recalcó que la ejecución de la infraestructura se llevó a cabo «siempre conforme a la Ley». Es por ello que instó a los votantes del PP a que continúen confiando en el partido, ya que la formación «no es ni Cirer ni Duran, sino algo más importante».

Respecto a su situación procesal, el portavoz manifestó que «no deseo que le ocurra a nadie lo que he pasado», al recordar su detenció el pasado 5 de agosto y su arresto durante 72 horas en los calabozos de la Policía Nacional tras acogerse a su derecho de no declarar hasta que no pasara a disposición judicial.

Al respecto, lamentó que se le detuvo por un delito, el de prevaricación, que no conlleva prisión sino entre siete y diez años de inhabilitación, por lo que aseguró no entender por qué el juez le decretó libertad bajo fianza de 15.000 euros. «Cuando finalice la instrucción sabré qué delitos se me imputan», enfatizó al respecto.

«Pese a estar detenido, fui inhabilitado sin haber sido escuchado y condenado sin haber sido acusado», agregó el todavía portavoz de la formación municipal, quien incidió en que «lo mejor que puedo hacer en estos momentos es dar un paso atrás y que la justicia trabaje, convencido de que esto se resolverá de forma positiva», todo ello pese a que sus compañeros le han pedido que continúe como portavoz hasta que finalice la legislatura.

En cuanto a las investigaciones en torno a la construcción del Palma Arena, cuyo coste inicial presupuestado en 48 millones de euros se disparó a 110 millones en apenas dos años, manifestó que «desde el conocimiento que tengo de la obra y la construcción, de lo que he firmado y autorizado, nadie se llevó un duro», aunque aseveró que deberá ser la justicia la que determine este extremo.

Sí defendió que la obra «tuvo que realizarse muy rápido» toda vez que criticó los retrasos que padecieron los trabajos de construcción bajo la dirección del primer arquitecto de la ejecución, el alemán Ralph Schürmann, a quien sustituirían posteriormente los hermanos Luis y Jaime García-Ruiz, también imputados en el procedimiento y quienes percibieron unos 9 millones de euros como honorarios. Precisamente esta es una de las principales líneas de investigación dentro del procedimiento judicial.

En concreto, entre los encausados en el caso Palma Arena, además de Duran, se encuentran el ex director general de Deportes del Govern de Jaume Matas, José Luis 'Pepote' Ballester, y el ex director general de Deportes del Consell de Mallorca, Antoni Palerm, así como otros numerosos imputados que estos días están siendo interrogados por el juez para esclarecer las condiciones que rodearon a la construcción del Palma Arena.

Cabe recordar que se encuentran en libertad bajo fianzas de entre 15.000 y 50.000 euros, además de Duran y Ballester, el ex gerente del Palma Arena, Jorge Moisés; el director de la empresa de comunicación Nimbus, Miquel Romero, y el ex jefe de la UTE que se encargó de la edificación -formada por Melchor Mascaró y FCC-, Miguel Angel Rodríguez, quienes fueron detenidos el pasado día 5 y pasaron a disposición judicial el 8 tras permanecer 72 horas ingresados en los calabozos de la Policía Nacional. Mientras tanto, el juez fijó una fianza de responsabilidad civil de 1'2 millones de euros para los García-Ruíz.