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Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvà se disponían a subir al coche patrulla, a las 13'45 horas del pasado jueves, cuando se produjo la explosión de la bomba lapa que se había colocado debajo del vehículo, un todoterreno oficial de la Guardia Civil.

Carlos iba a entrar por la parte izquierda, porque era el que iba a conducir, mientras que Diego lo iba a hacer por la derecha. El tremendo impacto hizo que ambos salieran despedidos y fallecieran en el acto. El cuerpo de Carlos chocó contra un BMW que estaba estacionado, mientras que Diego fue a parar sobre las ramas de un árbol. Estas son las conclusiones a las que se llegó tras las primeras indagaciones de los investigadores. De ser así se confirmaría el hecho de que los terroristas utilizaron un mando a distancia y que podrían seguir en la Isla. En las primeras horas posteriores al atentado los expertos estaban 'convencidos' de que se había utilizado un detonador en el todoterreno. En cualquier caso, lo que quedó claro es que los dos agentes no habían subido todavía al coche oficial y, por lo tanto, no se había accionado la llave del contacto.

Pero estos datos no son todavía oficiales y se han dado otros, contradictorios con los citados. La agencia Vasco Press, por ejemplo, informó ayer de que «ETA colocó las bombas la noche antes y no se utilizó un mando a distancia».

Según la información de la citada agencia, el artefacto que causó la muerte de los dos agentes «se activó mediante un sistema antimovimiento, al parecer una cápsula de mercurio», y se añade que «este mecanismo hace que la bomba estalle cuando el coche echa a andar o simplemente por la vibración que se registra al ponerlo en marcha».

Por otra parte, inmediatamente después del atentado se desplazaron a Mallorca el juez y la fiscal de turno en la Audiencia Nacional, Fernando Andreu y Blanca Rodrigo. Ambos asumieron las primeras investigaciones en relación al atentado y ayer regresaron a la capital del Estado.

En la Isla contaron con la colaboración de la titular del Juzgado de Instrucción 10 de Palma, Carmen Abrines, y del teniente fiscal Ladislao Roig. Ellos, junto a los investigadores de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, siguen acumulando los datos que se van recibiendo y rastreando las pistas. En cualquiera de los casos la jurisdicción sobre el atentado mortal de los dos agentes de la Guardia Civil será siempre de la Audiencia Nacional al ser delitos terroristas.