La visita oficial a Gibraltar del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Àngel Moratinos, rompe una inveterada tradición de la diplomacia española respecto a la colonia británica. Hace casi trescientos años que España reclama la soberanía del Peñón, que pasó a manos de Gran Bretaña como consecuencia del Tratado de Utrech de 1713. La presencia de Moratinos en Gibraltar y su entrevista con Peter Caruana tiene un marcado carácter simbólico por lo que significa admitir un estatus político propio al territorio británico situado en la Península Ibérica, circunstancia que ha provocado una airada protesta por parte del Partido Popular.
El Gobierno español mantiene en su agenda diplomática el tema de Gibraltar como una cuestión prioritaria, de hecho los contactos con Londres y Gibraltar ha sido constantes durante los últimos años y con diferentes escenarios. Por tanto, no debe extrañar que en este proceso un encuentro como el actual en el Peñón entre dentro de la normalidad. A pesar de ello, atendiendo a la trascendencia del gesto, el Gobierno debería haber informado al principal partido en la oposición de esta visita de Moratinos a Gibraltar y consensuar los detalles de su presencia en la colonia que, además, es la sede de numerosas empresas destinadas a facilitar la evasión fiscal en nuestro país.
En la reclamación de España sobre Gibraltar ya existe un elemento que no puede soslayarse a la hora de analizar la situación del conflicto. Los gibraltareños ya se han pronunciado sobre su inequívoca voluntad de seguir vinculados a Gran Bretaña, acentuando su nivel de autonomía, aspecto que debe tenerse muy presente a la hora de resolver este contencioso sobre la soberanía del Peñón.
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