27/05/09 0:00
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LAURA MORRAL La Abogacía del Estado está preparando un informe por examinar de qué manera el Ministerio de Medio Ambiente tiene que actuar a raíz de las sentencias de la Audiencia Nacional que anulan el contrato firmado entre Giuliana Arioli y Pedro J. Ramírez por la gestión de la piscina de la Costa dels Pins, en pleno dominio público.

Según explicaron ayer fuentes del Ministerio, el informe pretende evaluar cómo afecta la sentencia a ciertas decisiones del Gobierno. Con toda probabilidad, los servicios jurídicos del Estado aconsejarán al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero recurrir las sentencias.

Ahora mismo, y después si las sentencias se ejecutan o se convierten en firmes, cualquiera puede pasar por la piscina y bañarse. Por este motivo, el periodista informó ayer en su diario de que ya ha dado instrucciones a sus abogados para que sean recurridas. Según éstos, las resoluciones de la Audiencia Nacional no son firmes y la situación legal no ha cambiado en absoluto.

Ramírez recordó también ayer que ha sido víctima de una «persecución» y de una «campaña de coacciones orquestada por grupos independentistas radicales». De hecho, y desde 2005, una patrulla de la Guardia Civil está instalada las 24 horas del día junto al domicilio de Ramírez durante todo el tiempo que éste permanece.

Con toda seguridad, Ramírez volverá a pedir este verano a la Delegación de Gobierno -«que espera indicaciones de Madrid»- vigilancia para protegerlo de los «radicales» o porque está, supuestamente, amenazado por ETA.

Jaume Sastre y las organizaciones de «La costa es de todos» todavía no han valorado las sentencias. Sastre, como parte interesada, las puede recurrir -eso se da por seguro, porque el tribunal no ha anulado la concesión de 2001- y pedir también la ejecución. Fuentes del Lobby por la Independencia aseguraron ayer que cuando tengan claro el procedimiento convocarán a la prensa.