Es enormemente complejo el tener que hacer frente a situaciones excepcionales provocadas por la amenaza terrorista cuyo máximo exponente es el ataque a las Torres Gemelas de aquel fatídico 11 de septiembre de 2001. Para hacer frente a ello, George Bush se embarcó en dos conflictos bélicos de dudoso encaje en la legalidad internacional y restableció tribunales militares excepcionales y un centro de encarcelamiento en Guántanamo, Cuba.
El nuevo presidente estadounidense, Barack Obama, ha buscado la colaboración de países aliados para trasladar a los presos allí recluidos, pero su éxito no ha sido el esperado y, salvo excepciones como la española, el resto de socios sólo han tenido palabras de comprensión pero se han mostrado escasamente propicios a la acogida de los excarcelados de la isla caribeña. Otra de sus medidas, la de la supresión de los tribunales de excepción, también va a tener que ser retocada y éstos deberán mantenerse aunque con ciertos matices.
Todo ello pone de relieve la complejidad de un entramado jurídico que se ha mostrado insuficiente y que aboca al mantenimiento de una situación indeseable. Si bien es cierto que Guantánamo alberga un indeterminado número de presuntos terroristas, también lo es que allí se encuentran encerradas personas que no han tenido acceso a unas mínimas garantías procesales y que son del todo inocentes. Por ello, preciso es que la Administración Obama encuentre una vía de salida, que no será fácil, pero que solucione una situación de excepción que se lleva prolongando demasiado en el tiempo. Y los aliados debieran colaborar para que así sea.
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