El titular del Juzgado de lo Mercantil 1 de Palma, Víctor Fernández, tendrá que pronunciarse sobre la petición formulada ayer por los administradores del concurso voluntario de acreedores de Vicenç Grande, que exigen al ex alcalde de Montüiri (PP) Joan Antoni Ramonell, que reintegre a la masa del concurso 5'2 millones de euros correspondientes a la compraventa de unos terrenos para construir un geriátrico en Son Bibiloni.
La vista oral celebrada ayer en la sede judicial de Sa Gerrería, la primera convocada para resolver un incidente concursal, reunió ante el juez a Grande, Ramonell, a sus abogados Joan Font y Carlos Florit, respectivamente, y a los administradores Raimundo Zaforteza, Jorge Sainz de Baranda y Salvador Fornés.
Grande y Ramonell ya habían coincidido el pasado 24 de abril ante el juez del 'caso Plan Territorial de Mallorca'. Ambos declararon en calidad de imputados.
Según los administradores, Ramonell debe reintegrar a la masa del concurso 5'2 millones de euros, intereses incluidos, por la operación de la venta de los terrenos de la residencia de ancianos. Para la defensa de Ramonell, en cambio, esa cantidad se reduce a 2'4 millones, que sería el beneficio obtenido por el ex alcalde de Montuïri.
Ramonell, según quedó de manifiesto en la vista oral, pagó 3'6 millones a la sociedad Balear de Alquiler de Grúas SA por los terrenos, y procedió a venderlos a Grande por un total de 6. La plusvalía que obtuvo el socio de Grande fue de 2'4 millones, aunque él ha aclarado que parte de esa cantidad (un millón de euros) se lo embolsó el gestor del BBVA José Miguel Roca Morey en concepto de comisión por actuar de intermediario.
De acuerdo a los datos facilitados ayer por los administradores, la sociedad Tinsa, el valor de los terrenos de Son Bibiloni ascienden a 1'3 millones de euros. No obstante, el precio del mercado sitúa su valor entre los 6 y 7 millones de euros.
Los administradores han solicitado al juez que anule esa operación para que los acreedores recuperen 5'2 millones de euros. Grande presentó el concurso voluntario de acreedores (antigua suspensión de pagos) el pasado mes de junio al declarar un pasivo de 600 millones de euros, cantidad que los administradores elevaron hasta los 930 millones al redactar su informe.
Tanto Grande como Ramonell respondieron a preguntas del juez y de los fiscales Anticorrupción Juan Carru y Pedro Horrach en el 'caso Plan Territorial de Mallorca'. El promotor y ex presidente del Mallorca admitió que una vez finalizada la operación de compra de los terrenos de Son Bibiloni había «advertido» que una parte «importante» del precio había ido a parar a manos de Ramonell. Dijo que a pesar del «recelo consiguiente» que le produjo, siguió operando con el alcalde de Montuïri. Grande confirmó, entonces, que había pagado 6 millones de euros por esos terenos.
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