El conseller de Turisme del Govern, Miquel Nadal, se desvinculó de las principales decisiones que sus compañeros del equipo de gobierno del anterior Consell de Mallorca adoptaron en relación al concurso público para enajenar Can Domenge, y señaló al ex conseller insular d'Economia Miquel Àngel Flaquer y al diputado del Grupo Mixto y ex conseller del Territori Bartomeu Vicens, también imputados, como los máximos responsables del contenido del decreto aprobado en 2005.
Nadal, defendido por el letrado Josep Zaforteza, declaró en calidad de imputado durante casi tres horas ante la juez del 'caso Can Domenge' y las partes personadas. La causa fue abierta el pasado año tras una querella criminal presentada por el grupo de empresas Nuñez y Navarro, que presentó una oferta para construir 600 viviendas en Can Domenge ofreciendo, al parecer, 60 millones de euros por los terrenos, el doble de la UTE que se adjudicó el concurso formada por Sacresa y Ferra Tur Construcciones.
Los delitos que se investigan son prevaricación, falsedad en documento público y revelación de secretos oficiales. Tras la declaración de Nadal, la Fiscalía Anticorrupción estudia pedir a la juez que se inhiba a favor de la Sala de lo Civil y Penal del TSJB, dada la condición de aforados de Nadal y Vicens, según pudo saber este diario.
En su declaración, Nadal calificó de «competentes» (en las cláusulas que deberían regir el concurso de Can Domenge) a Flaquer y Vicens, y subrayó que el primero «determinó las condiciones económicas del concurso» (el precio máximo de 30 millones de euros), y el segundo, «porque supongo que se buscaba un proyecto singular que fuera reflejo del Plan Territorial de las Islas Baleares», precisó.
No obstante, admitió que todo el anterior equipo de gobierno del Consell de Mallorca «compartía la decisión de poner el precio máximo al concurso, ya que se buscaba financiación y que fuera un proyecto singular».
Explicó que sustituyó a la ex presidenta Maria Antònia Munar «sólo en esta ocasión (para firmar el decreto de enajenación) ya que en esas fechas (diciembre de 2005) estaba de baja porque había sido intervenida quirúrgicamente». Al ser preguntado por qué no se planteó esperar al alta de Munar para firmar las cláusulas «a la vista del interés mediático suscitado», respondió que «confiaba plenamente en el secretario general, que vela por la legalidad» y puntualizó que «la presión mediática comenzó después de firmar el decreto». Al mismo tiempo, manifestó que no preguntó «a nadie» cuál iba a ser el destino que se le iba a dar al solar, pues tenía «absoluta confianza en sus compañeros de gobierno». Nadal respondió con un «no era mi competencia» a dos preguntas formuladas por los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach, que se interesaron en saber por qué el precio era cerrado si el primer objetivo era económico, y por qué se daban los mismos puntos tanto si se ofrecen 30 millones de euros, como 40 ó 100. Insistió en que se acordó fijar un precio máximo para no dar al aspecto económico más peso, ya que entonces «se habría otorgado (el concurso) a quien ofreciera más y el sistema devendría en una subasta», que es lo que se quería evitar. Indicó, asimismo, que una de las prioridades era desarrollar en Can Domenge «un proyecto emblemático», del que los mallorquines «se sintieran orgullosos». «Si firmé lo hice convencido, y sigo estándolo, de que no había ningún problema jurídico», explicó.
Nadal se refirió también a su reunión con los máximos representantes de Sacresa -adjudicatarios del concurso- antes de conocerse las bases de la licitación y afirmó que si hubiera sabido que querían una reunión específica para hablar del tema de Can Domenge «no les hubiese recibido». Así y todo negó haberles adelantado nada y les remitía «a lo que había salido en la prensa».
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