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LAURA MOYÀ La Junta de Govern del Ajuntament de Palma dio ayer el visto bueno al nuevo sistema de gestión de facturas que permitirá a los proveedores adelantar los cobros, llamado confirming, y con el que Cort se compromete a abonar los recibos a los 120 días. Ahora, el Consistorio trasladará a las tres entidades bancarias que han aceptado las condiciones impuestas por el Consistorio (Banco de Santander, BBVA y Banesto) el listado de las facturas aprobadas por decreto en los meses de febrero y marzo. Los bancos, a su vez, remitirán una carta a los interesados explicándoles que pueden adherirse al nuevo procedimiento. De esta manera, se prevé que a finales del mes de abril esté en vigor el sistema y, por lo tanto, puedan solicitar el cobro adelantado los primeros proveedores.

Aquellos que se decanten por solicitar que se les avance el pago tendrán que hacerse cargo del coste financiero, que será del Euríbor más un 1'4 por ciento. Si los proveedores optan por no pedir el adelanto, cobrarán a los cuatro meses. Si, por su parte, el Ajuntament de Palma no aporta el dinero en el plazo previsto a la entidad bancaria, tendrá que asumir los intereses de demora, que también están pactados.

Los 120 días empezarán a contar desde el momento en que el pago tenga el visto bueno del Consistorio. Después, Cort comunicará a las entidades bancarias el día en que tienen que pagar a los proveedores. Hasta ahora, el ayuntamiento saldaba sus deudas entre los tres y cuatro meses, aunque alguna factura superaba este plazo de tiempo. Algunos proveedores habían negociado directamente con los bancos la posibilidad de avanzar la retribución, aunque, según Andreu Alcover, regidor d'Hisenda, «con unos intereses mayores a los que el nuevo sistema ofrecerá».

Cada mes, Cort genera unas 2.000 facturas al mes por diferentes servicios y actuaciones cuya suma asciende a entre 8 y 9 millones de euros. Alcover aseguró que el principal objetivo del nuevo sistema es que los proveedores puedan disponer de «liquidez», sobre todo «en tiempos de crisis». Aun así, Alcover afirmó que el Consistorio tiene que mejorar «el sistema interno» que la propia administración utiliza para pagar las facturas para, de esta manera, «intentar minimizar el impacto» en los proveedores.