P. Candia26/03/09 0:00
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Una ciudadana británica, Zara Catherine Daly, obtuvo una licencia para construir una casa en Andratx sobre lo que en un principio era un taller de carpintería construido en 1988. Situada en zona protegida (ANEI), la parcela recibió el visto bueno de los técnicos del Ajuntament, a pesar de las numerosas supuestas irregularidades detectadas más tarde.

Ésta es una nueva pieza (la tercera) del 'caso Andratx' que ha llevado ayer a los juzgados al ex alcalde Eugenio Hidalgo, al ex director general d'Ordenació del Territori Jaume Massot y el ex celador Jaume Gibert. Sobre los tres pesan condenas, aunque las más graves son para Hidalgo y Massot, con 4 y 8'6 años de cárcel, respectivamente.

Hidalgo declaró ante la titular del Juzgado de Instrucción 12 de Palma, Carmen González, que no conocía a Zara Catherine Daly y que no tuvo conocimiento de la tramitación de ese expediente, y que tampoco Massot ni la aparejadora María Isabel Seguí le habían comentado nada.

Explicó que cuando se desarrollaron los hechos que han motivado esta pieza, él no era concejal de Urbanismo, sino que el cargo lo desempeñaba Carmelo Massot. A una pregunta de la abogada de la acusación, Maribel Fluxá, respondió que «no tenía» intervención en proyectos particulares, cuestión que era competencia exclusiva de los técnicos.

Massot, por su parte, insistió en que la edificación objeto de la licencia era perfectamente legal, ya que tenían el visto bueno del Consell de Mallorca y el Ajuntament de Andratx. Por ello, la certificación que él firmó «se ajustaba a la legalidad», precisó.

Antes de que respondiera a las preguntas de los abogados personados y del fiscal anticorrupción Juan Carrau, su letrado, Fernando Mateas, solicitó que se le informara sobre los hechos supuestamente cometidos por su cliente que se imputan como delictivos. El fiscal respondió que la imputación se basa en su intervención en un expediente para una licencia que estima iregular, en concreto, al suscribir un documento que no se ajusta a la realidad.

Zara Catherine Daly, por su parte, confirmó que en la casa había un taller de carpintería y aperos de labranza, y que todo lo tramitaron un gestor, un arquitecto y un abogado que aportó un certificado de antigüedad en el momento de adquirir la parcela.

Admitió que pagó 1.000 euros a la gestoría con el objetivo de legalizar el taller para, posteriormente, solicitar la licencia de ampliación de obras. Dijo que no conocía a Hidalgo y que nunca ha hablado con él.