Las fianzas depositadas a lo largo de 2008 por políticos o ex cargos públicos implicados en presuntos casos de corrupción en Balears ascendieron a más de 630.000 euros. Las fianzas fueron abonadas para eludir el ingreso en prisión decretado o para salir de la cárcel.
El ex director general de Ordenació del Territori, Jaume Massot, y el ex gerente de Bitel, Damià Vidal, fueron quienes pagaron la cifra más elevada, con 200.000 euros cada uno.
En relación con el 'caso Scala', relacionado con un supuesto caso de corrupción en torno al Consorci de Desenvolupamet Econòmic de Balears (CDEIB), el pasado 2 de diciembre quedaron en libertad bajo fianza de 100.000 euros la ex gerente del organismo público, Antònia Ordinas, y el ex director general de Promoció Industrial del anterior Govern, Kurt Viaene, y bajo fianza de 6.000 euros la esposa de Ordinas, la soprano Isabel Rosselló.
Por su parte, el pasado 12 de diciembre salió de la cárcel el ex concejal de la Agrupación Social Independiente (ASI) en Llucmajor, Joaquín Rabasco, sobre quien recaen seis años de privación de libertad por un delito de malversación de fondos públicos y otro de alzamiento de bienes por beneficiar con más de un millón de euros a cuatro empresas ligadas al ex edil desde el Consistorio. Tuvo que depositar una caución de 120.000 euros.
Por su parte, también el magistrado Miquel Florit decretó el 11 de diciembre libertad bajo fianza de 12.000 euros para Juan Francisco Gosálbez, principal imputado dentro del caso Turisme Jove, supuesta trama de corrupción urdida en torno a este consorcio público en la pasada legislatura.
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