TW
0

El Govern reordenará su sector público, es decir la empresas participadas, los consorcios, institutos y las sociedades instrumentales y unificará los criterios de contratación y el control del gasto.

Con esta medida, anunciada ayer por el conseller de Presidència, Albert Moragues, se pretende evitar casos como el de Bitel y otros similares. Las empresas y organismos participados escapan, generalmente al control parlamentario y, muchas veces, sirven de 'coladero' para realizar contratos, encargar proyectos o 'colocar' a personas afines. Además, suelen engordar la deuda autonómica ya que se recurre al endeudamiento de las empresas públicas para no sobrepasar los límites previstos en la legislación general.

Del Ejecutivo dependen, directa o indirectamente, medio centenar de empresas públicas, consorcios, fundaciones y sociedades y entes de derecho público. Una de ellas es la Fundació Balears en el Exterior, que preside el director general de Acció Exterior del Ejecutivo, Jordi Bayona.

Precisamente, el conseller Moragues anunció la nueva ley durante una comparecencia para explicar las últimas contrataciones de este departamento.
Según el PP, Bayona modificó los estatutos para contratar a , según el diputado 'popular' José María Rodríguez, la « compañera sentimental» del director general.

Pese a que, en base a un informe interno, Morgues negó cualquier tipo de irregularidad, Rodríguez, que fue conseller de Funció Pública con el PP; se mantuvo en sus trece e insistió en que «este asunto no acaba aquí». Moragues se negó en todo momento a entrar en el terreno al que Rodríguez le quería llevar, el personal, y optó por una explicación técnica, que no satisfizo al PP, y por explicar que para garantizar en todo momento las contrataciones y el control del gasto de las empresas y sociedades públicas, se iba a proponer una reforma legal. Moragues, eso sí, dijo al conseller que cuando gobernaba el PP, el personal de la fundación se seleccionó sin oposición (lo que negó Rodríguez, que incluso dijo saber cuantas personas se presentaron a la convocatoria) y que se llegó a contratar a un chófer, «cuando esa fundación no tiene coche». El conseller Moragues sugirió que, en realidad, lo que se hizo fue contratar al chófer de la entonces consellera d'Immigració, que era de quien dependía, entonces, ese organismo.