La Junta de Gobierno del Ajuntament de Palma aprobó ayer derogar el acuerdo que del 20 de noviembre de 2006, que preveía la construcción de un cementerio musulmán en la Falca Verda, ya que los técnicos entienden que la zona no es edificable.
La Plataforma Islámica de les Illes Balears aceptará que se habilite una parte del cementerio de Palma para enterrar a sus muertos, pero siempre que haya una separación mediante un seto, una pared o una diferencia de nivel, según informó el secretario de esta plataforma, Mariano Juan Mayans.
Considera que «lo importante es encontrar una solución» y destaca que en la reunión que mantuvieron el pasado 22 de febrero como asociación con la alcaldesa Aina Calvo y con la regidora de Salut, Begoña Sánchez, observó buena predisposición por parte del Ajuntament. Además, el 28 de febrero solicitaron a la primera edil que los reciba como Plataforma.
Aunque entiende los problemas de espacio de Ciutat, insiste que que no se puede «dejar una necesidad que es imperiosa, como es la de tener un cementerio».
Los musulmanes no pueden ser enterrados en nichos ni en criptas, ni incinerados, sino que tienen que estar en tierra. En este punto, Mayans especificó que «eso no quiere decir que los cementerios islámicos ocupen más superficie. No es verdad, porque cuando ha pasado un periodo de tiempo, que el cadáver se ha consumido y los restos pueden ser removidos, se pueden apartar y se puede volver a aprovechar la superficie».
En su opinión, sería suficiente con unos 500 ó 600 metros cuadrados, para dar respuesta a las 11.200 personas procedentes de países islámicos, a los que hay que sumar los musulmanes que están de tránsito y los españoles. Hasta ahora los musulmanes que fallecen en las Islas son repatriados a sus países de origen, lo que supone un coste de unos 5.000 euros.
Mayans explica que en la reunión que tuvieron como Fundación le dio la impresión de que Cort «no pondría impedimentos para aceptar a musulmanes fallecidos en otros municipios».
El secretario de la plataforma Islámica de Balears argumentó que «tenemos exactamente los mismos derechos si somos verdes, blancos o azules, de una creencia religiosa o de otra, porque en esto la Constitución y las leyes orgánicas nos amparan». Por ello, aseguró que si el equipo de gobierno municipal no atiende este problemática puede causar una discriminación «y no creo yo que la voluntad de este Ajuntament sea esa, porque hasta ahora han sido bastante dialogantes».
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