La evasión fiscal en el sector inmobiliario ronda los 290 millones de euros anuales en Balears, de un total de 8.600 millones en el conjunto de la economía española, según los datos facilitados a Europa Press por los técnicos de Hacienda (Gestha).
El fraude fiscal inmobiliario está encabezado por Cataluña, donde se ha detectado el mayor fraude fiscal que se eleva a 1.836 millones de euros, seguido de Madrid, con 1.479 millones, Andalucía con 1.392 y Galicia (476 millones).
Así, por debajo de estas comunidades se encuentran Castilla y León (392 millones); Canarias (358 millones); Castilla-La Mancha (341 millones); Murcia (303 millones); Balears (290 millones); Aragón (225 millones) Extremadura (114 millones), Cantabria (94 millones) Valencia (49 millones). Por contra, País Vasco (4 millones de euros) y Navarra (1'3 millones de euros).
Este es el balance en la Comunidad del primer año de aplicación de la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, en el que se investigaron 6.516 empresas en toda España del sector inmobiliario, un 2'1 por ciento del total.
El sector inmobiliario, por su opacidad, es uno de los más proclives para invertir dinero y escapar al control fiscal. Este es uno de los motivos que propició en la pasada legislatura la intención de cambiar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para así poder controlar el turismo residencial y evitar la competencia desleal a la oferta reglada. El turismo residencial es uno de los principales nichos en donde se producen situaciones irregulares de cara a Hacienda.
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