El Govern está dispuesto a desclasificar urbanizaciones en Mallorca y Eivissa por la «vía rápida» a través de decretos ley, un nuevo instrumento legal que contempla el Estatut d'Autonomia y que requiere solamente el acuerdo del Ejecutivo autonómico. Los decretos ley deben ser ratificados en el plazo de un mes por el Parlament para evitar que queden derogados, según prevé el Estatut balear reformado la pasada legislatura.
En total, según informó ayer IB3-TV, el Ejecutivo podría desclasificar entre diez y doce urbanizaciones en Mallorca y Eivissa. Tan sólo ha trascendido la desclasificación de Cala Blanca, en Andratx, mientras que los grupos que apoyan al Govern siguen negociando qué urbanizaciones deberán ser desclasificadas para evitar su urbanización.
Estos decretos ley debían ser aprobados en el próximo Consell de Govern, pero la decisión se aplaza, al menos, una semana, según indicaron desde el Ejecutivo balear. El pacto de gobernabilidad entre los distintos grupos políticos señala que las desclasificaciones se aprobarán «siempre que exista el acuerdo unánime de las fuerzas políticas firmantes».
En este sentido, el Govern también negocia con los consells insulars y los ayuntamientos las declasificaciones que pueden aprobarse ya que deberán cambiar los respectivos planes territoriales y planeamientos urbanísticos.
El objetivo del departamento de Mobilitat que dirige Biel Vicens es derogar las excepciones urbanísticas aprobadas por el Govern Matas, sobre todo en Eivissa, y prohibir nuevos puertos deportivos y campos de golf con residencias.
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