a fuerte tormenta que azotó en la tarde de ayer buena parte de Mallorca, con vientos de una dureza inusual y precipitaciones intensísimas en un breve lapso de tiempo, provocó una veintena de heridos de diversa consideración -uno de ellos en estado crítico- y cuantiosísimos daños materiales, tanto en bienes públicos como privados.
Una vez caída la tromba de agua, los servicios públicos actuaron con la diligencia y coordinación exigible, pero cabe cuestionar la actuación de la Direcció General d'Emergències, dependiente de la Conselleria d'Interior, frente a una situación previsible. Con antelación suficiente, el Instituto Nacional de Meteorología daba cuenta de la alerta naranja y las imágenes del radar evidenciaban la aproximación de la tormenta hacia la bahía de Palma. Sin embargo, desde Emergències no se cursó ningún aviso a los ciudadanos. Las primeras recomendaciones llegaron con horas de retraso. Antes, miles de personas vieron, entre la sorpresa y el pánico, cómo caían los árboles y se desprendían los techos de numerosos edificios, en una hora punta, coincidiendo con la salida de los colegios. ¿Por qué no se les avisó del peligro que corrían?
Podría haber sido mucho. Afortunadamente, no hay víctimas mortales, pero sí hay heridos graves y uno en estado crítico. Las pérdidas económicas han sido también enormes. Los destrozos afectan a inmuebles, vehículos, cultivos, arbolado, mobiliario urbano, tejados, incontables puntos inundados, carreteras cortadas... son parte de las interminables consecuencias que ha provocado la tormenta.
Ahora es preciso reclamar que la Administración, central y autonómica, reaccionen con la rapidez necesaria para ayudar a los afectados y restablecer la normalidad cuanto antes. Para ello no se deben escatimar esfuerzos y arbitrar las medidas legales precisas para poder afrontar lo que no puede calificarse de otro modo, una catástrofe.
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