Los datos correspondientes a la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), dados ayer a conocer, vuelven a poner de relieve el altísimo grado de litigiosidad, el segundo de todo el Estado, que se registra en las Islas (211'62 asuntos por cada mil habitantes); un dato que se acaba reflejando en la acumulación de asuntos pendientes en nuestros juzgados (63.748 asuntos al final del primer semestre de 2007).
Estas cifras, que suponen una estabilización en relación con los ejercicios anteriores, ponen en evidencia las carencias de medios con las que se enfrenta el TSJB para hacer frente a la demanda social ante los tribunales. Un flujo importante de población flotante y una actividad como la turística son factores que explican, en cierto modo, las elevadas tasas de litigiosidad en Balears. Sin embargo, el incremento sustancial de la plantilla de jueces -un 10 por ciento en el último año-, que pone las Islas en la tercera posición en el conjunto de España, no ha sido suficiente para acabar con el colapso judicial.
El informe del Tribunal Superior de Justicia de Balears atribuye, en mayor medida, a la situación de los juzgados de paz y sus dificultades para tramitar los asuntos ante la escasez de medios con que los dotan los respectivos ayuntamientos, razón por la que se cuestiona que la proximidad no siempre lleva aparejada la eficacia. Una mención especial merece la caótica situación en la que se encuentran los juzgados de Eivissa, impropia de un país europeo.
Todo indica que los males de la Justicia en Balears se están cronificando y los esfuerzos de la Administración por corregir la situación resultan baldíos, un panorama en el que el ciudadano es el principal perjudicado. La demora judicial resta credibilidad a la Justicia, pero no hay otra manera civilizada de resolver las diferencias.
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