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El ex alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo rechazó ayer de forma rotunda ante el juez instructor de la 'operación Voramar', Àlvaro Latorre, haber recibido presiones, sugerencias o peticiones en el trámite de la licencia del edificio construido en la Avenida Gabriel Roca del Port de Andratx por José Feliu Bordoy y sobre el que pesa una orden de derribo decretada por el Tribunal Superior de Justicia de Balears.

Hidalgo dijo al juez, al fiscal anticorrupción Pedro Horrach y a los abogados personados, que siempre siguió criterios técnicos y jurídicos para conceder las licencias, entre ellas, la que es objeto de investigación en la pieza 63 del 'caso Andratx' y por la que ayer también declararon Jaume Massot, Ignaci Mir, en calidad de imputados, y Jaume Gibert y Jacobo Rodríguez Miranda como testigos.

Añadió que los cambios de criterio sobre determinados solares, como el de la Avenida Gabriel Roca, son siempre técnicos, no políticos. Explicó que un alcalde no lee todos los informes técnicos que llegan a su poder, pero sí manejan resúmenes para comprobar que son favorables y votan (la comisión de gobierno) de acuerdo a ello.

También admitió que sólo conoce a uno de los miembros de la familia Feliu, y aunque no podría identificarlo por su nombre, lo reconocería de inmediato si lo ve. Subrayó que en su calidad de alcalde de Andratx se entrevistó en dos ocasiones con ese miembro de la familia Feliu (propietario de una parte de los terrenos donde se construyó el edificio plurifamiliar), y fue por cuestiones de licencias.

El ex jefe del área de Urbanismo del Ajuntament de Andratx Jaume Massot, por su parte, reconoció ante el juez que se había equivocado al clasificar el suelo (donde se levantó el edificio), porque en un primer momento lo definió como zona urbana, pero a los pocos meses después, lo cambió a viario. Inmediatamente después, dijo, inició el procedimiento de suspensión de la licencia y anulación o revisión del oficio. con lo cual la obra quedó paralizada.

Destacó que su error provino del Plan General de Andratx, que gráficamente cataloga esos terrenos como viarios (es decir no como aparcamiento), cuestión que se contradecía con la documentación escrita. Por ello, precisó que el error fue de emplazamiento.