El Govern, a través de los servicios de inspección de la Conselleria de Turisme, ha realizado 1.000 inspecciones para controlar la oferta de turismo residencial, bajo la modalidad de viviendas vacacionales en Mallorca, a las que hay que sumar las que se han realizado en Menorca y Eivissa los consells insulars, que tienen transferidas las competencias en materia de ordenación turística. El objetivo de esta campaña, que se inició a principios de verano, es erradicar la oferta de alojamiento turística ilegal en Balears y evitar, al mismo tiempo, el fraude fiscal.
En las Islas existen más de 5.000 viviendas vacacionales, de las cuales solo un 30 por ciento cumple la normativa vigente, la ley de estancias turísticas en viviendas.
En la pasada legislatura se inició el proceso de regularización de esta oferta, de ahí las 2.400 peticiones que entraron en la Conselleria de Turisme, de las cuales unas 700 pudieron obtener la certificación adecuada para operar y ser comercializadas como viviendas vacacionales en todos los mercados emisores.
El cambio político habido tras las elecciones autonómicas y municipales del 27-M, no ha supuesto ningún cambio en la estrategia de la Conselleria de Turisme ni de los consells insulars de Menorca y Eivissa.
Los controles se están llevando a cabo a través de la comercialización que se realiza en agencias inmobiliarias, touroperadores, internet o revistas especializadas. De momento, se está en fase de evaluación de datos, puesto que las inspecciones continuarán hasta finales de este mes. Fuentes de Turisme indican que el número de expedientes incoados es inferior al medio centenar, «aunque la inspección se complementará con otra más exhaustiva. De momento, los expedientes se centran en viviendas que superan las siete habitaciones, ya que el límite está fijado en seis», apuntan.
Las asociaciones hoteleras de Mallorca, Ashome (Menorca) y de Eivissa-Formentera apoyan esta estrategia del Govern, «puesto que ello permite controlar su actividad, determinar su legalidad y ver si se cumplen todos los requisitos que exige la normativa vigente», explicaba ayer el presidente de la Federación Hotelera de Mallorca, Antoni Horrach.
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