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El anuncio de la detención de un ex agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) realizado por el máximo responsable de este departamento, Alberto Saiz, ha supuesto un durísimo golpe para el servicio de espionaje español.

Las primeras informaciones hablan de la «traición» de un agente que estuvo doce años trabajando en el Centro Nacional de Inteligencia, un sargento de la Guardia Civil que vendió a un país extranjero -con toda probabilidad Rusia- la identidad de decenas de integrantes del contraespionaje español, los procedimientos de seguridad y demás detalles del protocolo que siguen en su labor diaria de vigilancia.

Llama la atención que en el CNI se permita a uno de sus agentes el abandono en 2004, sin más, a pesar de ser una decisión que trata de eludir una investigación interna. Han tenido que ser incidentes posteriores los que han permitido localizar la causa del problema, la existencia de un traidor entre las filas del espionaje español. De todo ello, según ha confesado el propio Alberto Saiz, nadie le informó cuando fue nombrado director del Centro.

Resulta obvio que el Gobierno quiere minimizar los efectos de lo ocurrido, en especial en lo que podría significar la apertura de un incidente diplomático con Rusia a las puertas de una próxima visita del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Ello no puede justificar que la sociedad española no deba conocer el verdadero alcance del daño causado por el traidor y, lo que es más importante, las medidas que se van a tomar en el Centro Nacional de Inteligencia.

La credibilidad, y la seguridad, de España, exige claridad y contundencia para devolver el necesario clima de confianza en el que se debe desarrollar la labor de los servicios del Centro Nacional de Inteligencia.