Gabriel Cañellas aún era presidente del Govern cuando el Parlament balear aprobó en 1993 la ley de creación del Síndic de Greuges, es decir el Defensor del Pueblo autonómico. Han pasado ya 14 años y Balears sigue siendo una de las pocas comunidades autónomas donde todavía no se ha elegido.
Además de Balears y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, las comunidades que aún no tienen «defensor» son Madrid, Murcia, Cantabria y Extremadura.
Desde que se aprobó la ley de creación del Síndic de Greuges (se optó por adoptar mismo nombre que en Catalunya y que, posteriormente también empleó la Comunidad de Valencia), todos los presidentes del Parlament han señalado en algún momento de su mandato que lograr el acuerdo entre los grupos era su principal prioridad.
El actual presidente de la Cámara balear, Pere Rotger (PP) tiró la toalla a mitad de la legislatura. Para elegir al Síndic, no es suficiente la mayoría absoluta. Hace falta el voto favorable de tres quintas partes del Parlament. Así lo establece la ley que pretendía blindar esta figura de los vaivenes de los gobiernos de turno.
Los nombres de los «defensores» varían por comunidades e incluso, durante las negociaciones para la reforma del Estatut balear se barajó sustituir Síndic de Greuges (es decir Síndico de Agravios) por «Defensor de ses franqueses» (en referencia a las prerrogativas del antiguo Reino de Mallorca), aunque finalmente se quedó como estaba.
En el País Vasco se llama Arateko; en Galicia, Valedor do Pobo Gallego; en Castilla-Leon, Procurador del Común; en Aragón, El Justicia, etc, etc.
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