La responsable de este local, que funciona desde hace dos años y que en la actualidad cuenta con 80 mayores asistidos (algunos con alzheimer u otras demencias), 40 de ellos en régimen de residencia, y 28 trabajadores, afirmó ayer a este diario sentirse «perseguida» ante las tres inspecciones realizadas en ocho días y amenaza con presentarse con los enfermos y sus familiares el próximo día 8 frente al Consolat de Mar para solicitar el amparo del presidente del Govern, Jaume Matas. «El centro cumple una misión y tiene buena fama en el barrio y los ancianos quieren estar ahí y cualquiera puede preguntarles a ellos o a sus familiares», aseveró.
Jaen reconoce que en la primera inspección se detectó que el centro carece de licencia de residencia, «pero sí tenemos el permiso para funcionar como centro de día, y el de residencia no nos dan la oportunidad de lograrlo». Según la propietaria, el presidente de s'Institut, Antoni Serra, le anunció que había puesto el caso en manos de la Fiscalía, «pero cuando yo me reuní con el teniente fiscal de Balears, Ladislao Roig, me confirmó que archivaría el caso», añadió.
Ante todo ello, el presidente de s'Institut respondió que «realizamos inspecciones de todos los centros porque es nuestra obligación y en el caso de éste comprobamos que carece de licencia de residencia, cuando están durmiendo unas 40 personas, y no todas en habitaciones adecuadas, y una serie de deficiencias, como incumplir la normativa de incendios o ventilación exterior».
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