En diciembre del 2003 y en el marco de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los Quince se acordó crear un organismo cuyo cometido sería velar por el respeto de los derechos humanos en los países de la Unión Europea (UE). Tras sucesivas demoras, debidas, en parte, a la incorporación de los países del Este europeo y una serie de depuraciones relativas al alcance efectivo que tendría el nuevo organismo, éste verá la luz a principios del 2007.
Y lo primero que hay que decir es que la buena noticia que supondría la creación de esta Agencia Europea de Derechos Fundamentales queda empañada por las limitaciones de que han sido objeto sus competencias.
La agencia únicamente supervisará el respeto de los derechos humanos en la aplicación de la legislación comunitaria por parte de los Estados miembros y no podrá actuar en el ámbito de la cooperación policial y judicial, que es precisamente donde existe más riesgo de que se produzcan abusos.
El hecho de que las áreas de Justicia e Interior queden fuera de la acción de la agencia muestra una vez más la escasa importancia que se da al desarrollo político de una Unión Europea reducida al escenario de lo económico. Hay que pensar que, sin una política común en Justicia e Interior y reconocido que hasta ahora las decisiones al respecto deben tomarse por unanimidad, un solo país puede bloquear cualquier medida que se pretenda adoptar.
En resumidas cuentas, la futura agencia, que tendrá su sede en Viena, nacerá lastrada en su capacidad de actuar en defensa de los derechos humanos cuando éstos sean vulnerados, que era precisamente lo que se pretendía.
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