La decisión del Tribunal Supremo de desestimar la querella por la reunión que sostuvieron los dirigentes socialistas vascos con Batasuna ha puesto de nuevo en evidencia la brecha que separa a las dos grandes formaciones políticas del Estado. El Gobierno, por boca de la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, expresaba su respeto a la decisión judicial y constataba que ésta «abre camino», mientras que desde las filas del Partido Popular se dice que en ningún momento se ampara la negociación política con una organización ilegal.
Desde el Alto Tribunal se asegura que no se puede intentar dirigir desde la Justicia la política interior o exterior del Gobierno, lo que resulta evidente. Esto no quiere decir que la comisión de ilegalidades por parte del Ejecutivo o de alguno de sus miembros no deba estar sometida al poder judicial, sino que debe mantenerse cada poder en su ámbito de actuación sin interferir el uno en el otro.
Visto así resulta evidente que las decisiones del Gobierno en los contactos establecidos para entablar el proceso de paz y llevarlo a buen puerto no pueden estar condicionados de forma permanente a lo que dicten los tribunales de Justicia, salvo cuando exista una competencia evidente de estos.
Además, parecería poco razonable que una reunión exploratoria de dirigentes políticos en la que simplemente se fijaron posiciones tuviera consecuencias penales para éstos, cuando su único objetivo era avanzar para acabar de forma definitiva con el terrorismo de ETA.
Es cierto que no se pueden hacer determinadas concesiones a los terroristas, pero de ahí a penalizar a los dirigentes del Partido Socialista de Euskadi por reunirse con Arnaldo Otegi y Joseba Permach, como pide el PP, media un abismo.
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