Mal va una comunidad cuando cualquier inversión que se plantea desde el Gobierno central provoca un terremoto político que hace inviable su aplicación. La polémica que se está viviendo en los últimos meses con las carreteras es un claro ejemplo de ello, ante la posibilidad de que algunas de las inversiones previstas por el Ministerio de Fomento en Balears no lleguen a ejecutarse. Tiene razón el Govern cuando denuncia la última propuesta del Ministerio, una firma en exclusiva con los consells que deja en el aire inversiones anteriores pactadas en las Islas por valor de más de 300 millones de euros.
Sin embargo, el malestar del Ejecutivo no debería ser una razón suficiente para que el PP bloquee, por cuestiones políticas o de estrategia electoral, un conjunto de realizaciones en la mayor de las Illes Balears por valor de más de 400 millones de euros. El PP de Mallorca ya ha votado en contra de este dinero en primera instancia, lo que supone un bloqueo efectivo a la llegada de estas inversiones. El sentido de su voto en el pleno de la institución insular será decisivo a la hora de facilitar que llegue o no el dinero.
El argumento del Govern para oponerse a la firma de este nuevo convenio es de peso y no se le discute, pero lo que el PP no puede hacer es impedir que esas inversiones lleguen a otras administraciones. De hecho, el voto contrario de los populares de Mallorca contrasta con la actitud del PP de Eivissa -que sí está en el gobierno insular- donde, al margen de polémicas cláusulas, los populares están dispuestos a aceptar las condiciones del acuerdo. El Govern debe seguir defendiendo sus legítimos intereses en los tribunales, pero no por ello tiene que perjudicar a otras administraciones.
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