Esta cantidad representa el 46 por ciento del total contraído en el período de aplicación del impuesto turístico (82.244.483 de euros), que estuvo operativo desde el 1 de mayo de 2002, aprobado por el anterior Govern del Pacte de Progrès, hasta octubre de 2003, fecha en la que el actual Govern, presidido por Jaume Matas, aprobó su derogación, tras su tramitación parlamentaria.
El director general de Tributs i Recaudació, Jorge Sainz de Baranda, reconoce que desde que se dictó la sentencia del TSJB, en marzo de este año, «se ha producido un aumento de peticiones para aplazar el pago por parte de los hoteleros. Es la formula más generalizada que están adoptando los empresarios, con un plazo máximo de tres años, pese a que ello les suponga pagar un interés de demora del 5% anual.<`p>
Los que todavía siguen por la opción de no pagar y avalar bancariamente el pago, tienen que pagar anualmente un 25 por ciento más por el simple hecho de decantarse por esta fórmula». La Direcció General de Tributs i Recaudació afirma que pese a los recursos presentados, se aplicarán a rajatabla los intereses de demora que marca la Ley de Presupuestos Generales del Estado cada año. En estos momentos esos intereses oscilan entre el 4,5 y el 5,5%.
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