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El proyecto de ley de atención a personas en situación de dependencia que aprobó el Gobierno de Zapatero hace una semana (y que ahora tiene que ser discutida en el Congreso) recoge, al menos, cuatro disposiciones sugeridas por el Govern de Balears, aunque la consellera de Presidència, Rosa Puig (responsable de las políticas sociales de Ejecutivo autónomo), considera que eso es «totalmente insuficiente». El Ejecutivo balear había presentado 23 sugerencias.

Acompañada de Pilar Mir, directora general de Serveis Socials, la consellera concretó que el Gobierno central ha introducido la atención de los niños con discapacidades de 0 a 3 años, aunque (matizó) se trata de una medida que el Govern acoge «con reservas», puesto que se ha recogido en una disposición adicional que hace referencia al ámbito familiar, en la que estos pequeños no figuran como titulares, dijo.

El anteproyecto legislativo también reconoce la labor de los consells insulares en el ámbito de los servicios sociales, incluye a los enfermos mentales y hace referencia a una prestación económica para la asistencia personalizada a los mayores de 65 años.