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Mucho se está hablando en las últimas semanas sobre la descentralización de la gestión aeroportuaria que quiere implantar el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ahora en manos del Ministerio de Fomento a través de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), y de las pretensiones de la Generalitat de Catalunya de privatizar sus aeropuertos. Entre la actual gestión en red que realiza eficazmente AENA y la opción de Catalunya, media un abismo, más aún cuando la privatización pone en peligro la viabilidad de las actuales infraestructuras aeroportuarias. La opción ideal, por la que aboga el Govern, el sector turístico y las propias aerolíneas, es la cogestión aeroportuaria, que es la que impera en la actualidad en los puertos españoles, entre ellos los de las Islas. La gestión de las infraestructuras aeroportuarias tiene que ser pública, con una participación mixta entre AENA y las autonomías, en colaboración con el sector privado. Esta figura garantiza la viabilidad, no rompe la actual estructura en red aeroportuaria y posibilita que las autonomías puedan introducir los cambios oportunos para mejorar el tráfico en temporada alta y baja, que es la gran demanda de las comunidades autónomas turísticas, porque se podría variar el sistema impositivo que aplica AENA en las tasas aeroportuarias. El Gobierno, en concreto la ministra de Fomento, Magdalena Àlvarez, está recibiendo presiones de todos los lados, de ahí que cualquier precipitación en una decisión histórica pueda dar al traste con el prestigio con que cuenta ahora la red aeroportuaria española. Pero no por ello hay que renunciar a lo que es una demanda lógica, y referida únicamente a aeropuertos, terminales y pistas, porque la gestión del tráfico aéreo quedará siempre en manos del Estado.