Coalición Canaria, un partido que apoyó la investidura de Rodríguez
Zapatero en el Congreso de los Diputados, está a la espera de
firmar en los próximos días un nuevo convenio de carreteras que
estaría en vigor hasta el año 2012 y que permitiría a la Comunidad
Canaria equipararse a la media nacional en inversiones viarias por
habitante.
El Govern está muy pendiente de estas negociaciones y revisa
diariamente todo el desarrollo de los contactos entre Fomento y el
Gobierno canario. El departamento que dirige Magdalena Alvarez
también quiere fiscalizar directamente el dinero del convenio ya
que en el pacto vigente el Gobierno canario ni siquiera ha
ejecutado la mitad de los proyectos y ha gastado el 80 por ciento,
es decir, un incremento del presupuesto que ha sido uno de los
argumentos utilizados por Fomento para dar por roto el convenio con
el Govern.
Lejos de finiquitar el acuerdo con Canarias, Fomento lo
revalidará, lo ampliará y también estudia dar una partida
millonaria para financiar la puesta en marcha de un tranvía en
Tenerife. Los socialistas canarios han denunciado falta de control
en la construcción de las carreteras por parte del Gobierno
canario, pero este supuesto desbarajuste presupuestario no será
ningún impedimento para que el convenio sea incrementado de forma
sustancial.
Fomento tampoco acepta que el Gobierno canario tenga la
encomienda de gestión del convenio, es decir, que pueda licitar y
construir todas las carreteras, tal y como pactó la Administración
central con el Govern en la ampliación del convenio. Por este
motivo, Fomento ha roto su convenio con el Govern. En declaraciones
realizadas este domingo en Ultima Hora, la consellera d'Obres
Públiques, Mabel Cabrer, ya denunció que el Ministerio de Fomento
no trata de la misma manera a las comunidades de Canarias y Balears
en materia de carreteras.
Mientras las negociaciones entre Fomento y Canarias están a
punto de concluir para ampliar el convenio de carreteras -el
próximo viernes se celebra una reunión decisiva, según
canariasahora.com, el Govern no tiene ni siquiera tiene constancia
oficial de que Fomento tiene intención de renegociar los 330
millones del pacto viario pendientes de ejecutar. «No se ponen al
teléfono», acusó Cabrer en la entrevista publicada este domingo en
este periódico.
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