TW
0

Todos los partidos de la oposición en el Consell de Mallorca coincidieron ayer en reclamar a la presidenta de la institución, Maria Antònia Munar, que no someta el lunes a votación el Pla Territorial de Mallorca. PSOE, PSM y EU-EV aseguraron que se trata de un plan que no respeta los criterios de sostenibilidad y que autoriza a urbanizar un 25 por ciento más de lo que se permitió en un principio.

El portavoz del PSOE, Antonio Alemany, aseguró que el Pla Territorial permite la construcción de 1.523 hectáreas, frente a las 1.222 hectáreas que desarrollaba el modelo en su fase inicial. Denunció que las nueve Àreas de Reconversión Territorial directas mantienen el modelo de «urbanismo a la carta» e incluso aseguró que una de ellas, la que afecta al hotel Rocamar, permitirá recuperar plazas hoteleras que fueron dadas de baja hace dos años.

«Queremos acabar con las grúas», dijo Alemany, para quien el documento que presentará Bartomeu Vicens al pleno no cumple este objetivo. Según los socialistas, entre el suelo vacante que ya existe y el nuevo suelo que crea el Pla, en Mallorca podrían urbanizarse viviendas para un millón más de habitantes.

Las críticas manifestadas por los socialistas también fueron asumidas por el PSM. Representantes de esta formación política montaron una gran maqueta de la Isla en el Parc de la Mar con la que quieren denunciar las posibilidades edificatorias del documento que aprobará el lunes el Consell.

El secretario general de los nacionalistas, Gabriel Vicens, cuestionó la «credibilidad y la estabilidad» del texto, ya que se aprobará sin haber sido consensuado con las demás formaciones políticas de la institución.

Por su parte, las representantes de EU-EV en el Consell, Margalida Rosselló y Marilena Tugores, anunciaron que presentarán una enmienda a la totalidad al entender que el texto no sirve para resolver las necesidades que presenta la Isla.

Las dos conselleres se mostraron muy críticas con el modelo que defienden las nueve Àreas de Reconversión Territorial previstas por el Pla, porque detrás de cada una de ellas «hay promotores que han hecho pasillos en el Consell para defender sus intereses».