El Govern balear interpondrá un recurso de inconstitucionalidad por
invasión de competencias contra parte de la Ley de Horarios
Comerciales aprobada por el Gobierno una vez sea publicada en el
Boletín Oficial del Estado, según anunció ayer el conseller de
Comerç, Indústria i Energia, Josep Juan Cardona.
El conseller presentó al Consell Assessor de Comerç el informe
elaborado por los servicios jurídicos de la comunidad respecto de
esta ley, el cual concluye que la regulación de horarios globales a
un máximo de 72 horas semanales y de apertura mínima en 12 domingos
o festivos al año, dejando a las comunidades autónomas la
posibilidad de reducirlos a ocho o aumentarlos ilimitadamente, se
ajusta a la competencia de «ordenación general de la economía»
otorgada por la Constitución española al Gobierno central, y no
invade la «regulación del comercio interior atribuida al Govern por
el Estatut d'Autonomia de Balears.
Por contra, el informe concluye que sí hay invasión de
competencias en el «carácter pormenorizado y casuístico de los
establecimientos con libertad de horarios y la concreción
definitoria de las tiendas de conveniencia o de los
establecimientos de reducidas dimensiones establecido en el
artículo 5 del Proyecto de Ley», cuando exime del cumplimiento de
la normativa general de horarios a los establecimientos de más de
150 metros y menos de 350 que no pertenezcan a una cadena comercial
y que se dediquen a sectores como panadería, pastelería o
floristería, así como los situados en puertos, aeropuertos o
estaciones ferroviarias.
El conseller de Comerç consideró que estas «concreciones» no
corresponden a la «ordenación general de la economía» propia del
Gobierno central, «sino que deben ser reguladas por el Govern». «Es
una cuestión de principios, cada Administración debe defender sus
competencias y todo lo que pase de la regulación básica nos
corresponde decidirlo a nostros». El conseller afirmó por otra
parte que los servicios jurídicos de la Comunitat no dudan de la
constitucionalidad de la Llei de Comercio balear, recurrida durante
la pasada legislatura por el Gobierno del Partido Popular. Esta
norma otorga al conseller la potestad de decidir el número de días
autorizados para la actividad comercial, aunque con la nueva ley el
mínimo deberá ser de ocho.
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