Uno de los proyectos estrella del Gobierno Zapatero era la
aprobación inmediata de una nueva ley para proteger a las víctimas
de la violencia doméstica y, de hecho, el asunto fue tratado en
unos de los primeros consejos de ministros del nuevo equipo
gubernamental. Pero ahora el Consejo General del Poder Judicial,
acostumbrado sin duda a las demoras y a las tardanzas, ha decidido
rechazar la propuesta y ha pedido más tiempo para elaborar una
nueva.
Ya sabemos que las cosas de palacio van despacio, pero en un
tema como éste lo que nos jugamos es nada más y nada menos que
vidas humanas y con eso, señores, no podemos jugar.
En un país acostumbrado a la burocracia, a la ventanilla, a la
cola y casi a la tomadura de pelo, este varapalo a los planes del
Gobierno es escandaloso. Consideran los magistrados que el texto
resulta discriminatorio para el varón, porque también se dan
esporádicamente casos de maltrato por parte de la mujer al hombre y
estos supuestos no están contemplados en el anteproyecto de ley,
por sobreentenderse que la legislación ya existente cubre con
creces esas circunstancias.
Aquí de lo que se trata es de crear un entorno difícil, de
ahogamiento social, para el maltratador de mujeres y niños, que no
es otro que ese animal machista que cree de su propiedad a su
compañera y a sus hijos. Para ellos está diseñada esta normativa y
así debe ser. Por supuesto que el Poder Judicial debe hacer las
apreciaciones necesarias para mejorar el enunciado, pero sin
perjudicar el proceso. Si la ley se ha tramitado por vía de
urgencia, así debe continuar, porque se trata de un asunto de vida
o muerte que reclama a voz en grito el conjunto de la sociedad
española.
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