Más emisiones, menos Kioto

España figura entre los seis países de la Unión Europea a los que Bruselas abrirá expediente por no haber entregado en el plazo previsto su plan de adecuación a los acuerdos contenidos en el Protocolo de Kioto. Un plan que debería haberse concluido antes del 31 de marzo y que se halla aún hoy en fase de borrador, lo que pone de relieve el escaso interés que puso en él un Gobierno del PP responsable del retraso. Un retraso doblemente digno de censura si tenemos en cuenta que nuestro país ha aumentado en casi un 40% sus emisiones de gases de efecto invernadero desde 1990, frente al compromiso adquirido de reducir al 15% su crecimiento. La pasividad -por emplear un término suave- mostrada al respecto por los anteriores ministros de Medio Ambiente va a determinar que ahora se hagan las cosas aprisa y corriendo cumpliendo en dos meses la elaboración final de un plan para cuya presentación se habría contado con tiempo más que suficiente. El nuevo Gobierno se propone tener listo el borrador en las próximas semanas y remitirlo a Bruselas, a fin de evitar así las previsibles sanciones. Posteriormente, y tras un período de información pública, se llevará a cabo la redacción definitiva del plan siempre contando con la fecha límite del 1 de octubre. Independientemente del contenido de un plan que probablemente no contará con grandes novedades con respecto a los presentados por otros socios europeos -los planes de asignación presentados hasta ahora sugieren el fomento de nuevas energías y el apoyo a la hora de los suministros, entre otros aspectos-, está claro que España debe estar a la altura de sus compromisos. Máxime en una materia que hoy suscita tanta controversia social. No podemos andar alardeando de quinta potencia industrial para luego no serlo más que en lo negativo.