Fageda, a través de su abogado Rafael Perera, solicitó al juez
que le cite a declarar para defender la gestión de su ex equipo de
gobierno municipal. Para ello, estaría dispuesto a renunciar a su
condición de aforado. CCOO acusa a cinco altos cargos del
Ajuntament de Palma del supuesto delito de prevaricación al haber
autorizado el pago de 1,2 millones de euros a medio centenar de
funcionarios entre 1998 y 2003.
Ayer, asimismo, declararon, como imputados, el secretario del
Ajuntament de Palma, Agustín Estela, el interventor, José Manila, y
el tesorero, Jaume Mulet.
Todos ellos rechazaron la comisión de delito alguno argumentando
que no tenían facultades decisorias, por lo cual tampoco pudieron
adoptar ninguna resolución «injusta a sabiendas», que sólo entonces
justificaría la acusación de prevaricación de un funcionario
público.
Estela afirmó: «Estoy indignado porque me han imputado
atribuciones que no son del secretario; la querella caerá por su
propio peso». Mulet, por su parte, dijo que «jamás» había
intervenido en la autorización de las horas y que no puede dictar
resoluciones en materia de gastos. Finalmente, Manila también alegó
que «no entendía» las razones expuestas por CCOO y recordó que
desde su cargo carece de facultades decisorias.
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