Josep Maria Aguiló10/10/03 0:00
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La teniente de alcalde de Seguretat Ciutadana de Cort, María Teresa Jiménez, dio a conocer ayer que el próximo mes de noviembre el Ajuntament de Palma facilitará teléfonos móviles con localizador GPS a mujeres que hayan sufrido malos tratos por parte de sus parejas o ex parejas y que estén en una situación de alto riesgo, es decir, que hayan presentado denuncias recientemente por malos tratos físicos o psicológicos, o que estén siendo amenazadas.

Por su parte, la concejala de Serveis Socials, Margalida Ferrando, señaló que su departamento colaborará de manera estrecha con el de Seguretat Ciutadana, ofreciendo ayuda desde una perspectiva más global, utilizando los medios con que cuenta Serveis Socials para ayudar a las mujeres maltratadas, entre ellos el Servei d'Acollida a Dona i Família, que dispone de diversos espacios y pisos secretos ubicados en diferentes puntos de la ciudad, en donde las víctimas pueden encontrar un refugio seguro.

En un primer momento, el Consistorio entregará diez teléfonos móviles, y si la iniciativa resulta eficaz, dicha cifra se ampliará en 2004. Cada uno de los teléfonos tiene un coste aproximado de 2.400 euros, por lo que la inversión total será de 24.000 euros, financiados en un 50 por ciento por la Fundación Telefónica, que firmará en los próximos días un convenio de colaboración con el Ajuntament.

Dichos teléfonos móviles serán idénticos a los que cualquier persona puede comprar en los diversos establecimientos dedicados a la telefonía, con la única salvedad de que dispondrán de un diminuto terminal que, una vez accionado, emitirá una señal que será inmediatamente captada por la Policía Local, que acudirá al instante al lugar desde el cual la mujer que se encuentra en ese momento en una situación de alto riesgo haya socilitado ayuda policial. Jiménez destacó que se trataba de una iniciativa pionera en España y mostró su confianza en que pueda contribuir a paliar en parte la lacra de la violencia de género en Palma. Además, las mujeres afectadas contarán con el apoyo de la Oficina de Ayuda a las Víctimas, lo que significará poder disponer de asesoramiento jurídico y protección policial.