El lehendakari Juan José Ibarretxe presentó ayer ante el
Parlamento vasco las líneas maestras de su propuesta de libre
asociación del País Vasco a España, algo que pone los pelos de
punta al Partido Popular escudándose en una defensa acérrima de la
Constitución, que considera intocable. Probablemente, Ibarretxe
tenga legitimidad jurídica para presentar una propuesta de
modificación del Estatuto y esté en su derecho de proponer lo que
juzgue conveniente para lo que llama «un acercamiento entre Madrid
y el País Vasco».
Está claro que, hoy por hoy, la distancia entre ambos es
enormemente grande, muy superior a la que se da entre Madrid y
Catalunya. El alejamiento es mutuo. Por ello, ambas partes deben de
poner su granito de arena para favorecer la convivencia y unas
saludables relaciones políticas e institucionales.
Existe una voluntad de cambio de una parte importante de la
ciudadanía vasca y no hay que cerrar los ojos a este sentimiento.
La Constitución española es lo suficientemente sólida como para
salvaguardar la unidad en España, pero no debe hacerlo a costa de
todo y sobre todos. La rigidez con la que los populares defienden
el contenido de la Constitución no se puede justificar si la
introducción de determinados cambios en su texto permitiera una
mejor convivencia entre las autonomías españolas y el Estado.
Por eso, convendría estudiar fórmulas para avanzar, no para
mantenerse o retroceder. Está claro que la propuesta de Ibarretxe
puede tener tintes secesionistas, pero también es cierto que la
Constitución no tiene por qué ser inamovible. Lo lógico sería
avanzar en el buen entedimiento entre Madrid y las autonomías, sin
cerrarse en banda ninguna de las partes.
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