P. Candia19/03/03 0:00
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El delegado de la Oficina del Censo Electoral en Baleares, Joan Pons, negó ayer la existencia de una «trama» electoral en los comicios autonómicos de 1999. Asimismo, justificó ante el juez instructor del «caso Formentera», Antoni Monserrat, que investiga la supuesta comisión de un delito electoral por parte del Govern presidido entonces por Jaume Matas, la inscripción de 74 emigrantes en el registro de Formentera.

Pons, que declaró en calidad de testigo durante cuatro horas ante el juez, el fiscal y las partes personadas en la causa, defendió el criterio adoptado para que se validara el voto de los 74 emigrantes de Balears en Argentina y Uruguay inscritos en Formentera.

«Si sólo se hubiesen dado de alta y no hubieran reclamado a partir del día 2 de marzo no hubieran podido votar, porque toda persona que no aparece en el censo y no reclama, no vota, con independencia de la fecha de alta en el Consulado», afirmó.

Añadió que lo fundamental es que el elector haya reclamado en plazo y que entiende que las reclamaciones han de aceptarse hasta las 12 horas del décimo sexto día en que se cierra el sistema. Dijo que tenía conocimiento de cinco sentencias del Juzgado de Primera Instancia sobre casos de reclamaciones que llegaron a la Delegación el día décimo séptimo, se desestimaron y el Juzgado dio la razón al elector.

Los 74 votos emitidos por ciudadanos argentinos y uruguayos con raíces familiares de Balears favorecieron al partido que representaba al PP en las elecciones de Formentera, circunstancia que dio origen a la causa que se investiga desde 1999 y que ha sido sustanciada en juzgados de instrucción de Ibiza, en el Tribunal Superior de Justicia de Balears y en Tribunal Supremo. Rafael Perera, abogado de dos de los imputados en la causa, Miguel Segura y su hija María de la Pau, dijo al finalizar la declaración de Pons que éste sólo había admitido «errores administrativos» en el censo, pero «no hubo ánimo de infringir la Ley Electoral», precisó.