UM presenta una ley para crear la figura del «Defensor del Territori»

Según la propuesta, habrá tres defensores, para Mallorca, Menorca y Eivissa y Formentera. Serán elegidos por el Parlament y responderán ante la comisión parlamentaria de Ordenació del Territori. Entre las funciones y prerrogativas que figuran en el texto se encuentra la supervisión de las actuaciones de ayuntamientos y consells en materia urbanística, además de la supervisión de la actuación de los particulares en materia de edificación o de uso del suelo.

En todos estos casos, serán comisionados del Parlament con la misión de proteger y defender la legalidad urbanística en Balears. En cualquier caso, se garantiza que cumplirán su trabajo con independencia y objetividad ya que no estarán sometidos a ningún mandato imperativo ni recibirán instrucciones de ninguna autoridad.

Se propone que, para su elección, se necesite el voto de las tres quintas partes del Parlament y su mandato durará cinco años. Podrá dirigirse al Defensor del Territori cualquier persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo.

El Defensor del Territori deberá llevar un registro con todas las denuncias que se le presenten, pero deberá rechazar aquellas que se presenten de forma anónima. Una vez que se admita una denuncia, todo el personal de las administraciones deberá facilitar toda la información que tenga para que pueda realizar su labor investigadora.

La ley faculta a esta nueva figura a imponer las sanciones que considere oportunas tras la pertinente investigación urbanística. También podrá interponer recursos contenciosos contra cualquier acto administrativo que constituya una infracción. En caso de que la propuesta sea aceptada por los demás partidos del Pacte, una vez tramitada la ley el Parlament dispondrá de un mes para elegir a los respectivos defensores del territorio de cada isla.

La propuesta de creación de la figura del Defensor del Territori es una vieja aspiración del partido nacionalista, que considera este nuevo cargo como una herramienta imprescindible para combatir el urbanismo ilegal. El partido que preside Maria Antònia Munar sostiene que, en muchos caso, los alcaldes de los ayuntamientos no actúan en contra de las urbanizaciones ilegales por la proximidad que tienen con los vecinos infractores. UM cree que el Defensor del Territori, una persona independiente, podría actuar sin problemas en estos casos cuando los ayuntamientos hacen caso omiso de las infracciones.