El académico y profesor titular de Derecho Penal de la UIB, Gabriel
Garcías, no es partidario de endurecer las penas a los autores de
delitos urbanísticos, ya que considera que las penas privativas de
libertad de hasta tres años en vigor actualmente «ya son
suficientes». «Soy contrario al endurecimiento de las penas en
todos los delitos», señaló poco antes de dictar la conferencia
«Infracciones urbanísticas y derecho penal», que inauguró anoche el
Curso Académico de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de
Balears en la sede del Colegio de Abogados.
Un numeroso público siguió la disertación de Gabriel Garcías, en
un solemne acto al que asistieron, entre otros, el presidente del
TSJB, Àngel Reigosa, el fiscal jefe de Balears, Bartomeu Barceló, y
el ex presidente del Congreso de los Diputados, Félix Pons. Gabriel
Garcías centró su exposición en los denominados delitos contra el
territorio. Es a partir del Código Penal de 1995 donde por primera
vez se recoge ese tipo de delitos ante lo que el académico
considera «el fracaso del derecho administrativo o de los
ayuntamientos».
Para ello, citó como ejemplo el hecho de que «se puede llegar
desde Palma a Andratx sin ver el mar». «Precisamente, para regular
la ordenación del territorio se han creado estos delitos en los
artículos 319 y 320 que recogen distintos supuestos. No es que
hayan suplido el derecho administrativo, sino que recogen los casos
más intolerables, más graves. También se ha recogido una conducta
que es de los funcionarios o de las autoridades que informan
favorablemente de proyectos de edificación o de concesión de
licencias sabiendo que son contrarios a las normas urbanísticas
vigentes. También castiga a aquellos órganos colegiales que
resuelvan o voten a favor de su concesión sabiendo que son
injustos. Todo esto lo castiga el Código Penal con penas de hasta
tres años de prisión», dijo.
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