El pacto balear contra la violencia doméstica nació sin el apoyo de
la Fiscalía de Balears, circunstancia que ha generado una gran
polémica entre el resto de instituciones públicas y entidades que
lo apoyan. El fiscal jefe de las Islas, Bartomeu Barceló, explicó
ayer a Ultima Hora que el Ministerio Público de
las Islas había decidido posponer la firma al documento porque
desea que los datos que se obtengan de cada caso pertenezcan de
forma exclusiva al ámbito judicial.
Es decir, que no se compartan con otras entidades ajenas a ese
sector. El protocolo, como se sabe, marca la vía a seguir en los
casos de malos tratos en el ámbito del hogar. Se trata de una
iniciativa apoyada por el Govern, la Delegación de Gobierno, las
consellerias de Salut y Benestar Social, el Institut de Reinserció
Social, jueces y abogados. Los fiscales lo firmarán cuando se
aclare la interpretación que hacen de quienes deben tener acceso a
los datos.
Además, la judicatura balear sigue muy de cerca la posibilidad
de que los casos de violencia doméstica también puedan ser objeto
de juicios rápidos, debido, sobre todo, a la reiteración de esa
forma delictiva. Como se sabe, jueces y fiscales han registrado un
aumento de más del doble de casos de denuncias por maltrato
familiar en Balears. Los juicios rápidos en casos de pequeños
delitos como robos, hurtos o también para casos de violencia
doméstica permitirán juzgar a los delincuentes en pocos días,
circunstancia que según el juez decano de Palma, Pere Barceló, «es
la dirección adecuada en lo que es nuestro marco competencial».
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