La propuesta del equipo dirigido por Josep Melià Ques establece
que «a partir de una determinada antigüedad y para las industrias
situadas en Suelo Rústico General o Àreas de Interés Agrario y
dentro de áreas donde la regulación paisajística del Plan
Territorial, estas empresas podrán ser autorizadas por la Comissió
Insular d'Urbanisme a realizar sus actividades». No obstante,
tendrán que cumplir con una serie de requisitos de «restauración,
reforestación, ambientales, de accesos y de pagos de
aprovechamiento».
El 18 de febrero de 2000 se firmó un convenio de colaboración
entre el Consell de Mallorca y la Cámara de Comercio que establecía
la elaboración de un censo por parte de la Cámara y posteriormente
un análisis conjunto para regularizar las actividades industriales
en el suelo rústico de Mallorca «con la finalidad de mejorar el
desarrollo industrial de los municipios de Mallorca».
Paralelamente, desde abril de 2001, se mantuvieron reuniones en
la sede de la Comissió d'Urbanisme, con cada uno de los empresarios
y los ayuntamientos afectados, con la excepción de Palma, con el
fin de conocer con exactitud las características de las industrias
y la opinión de los consistorios.
Asistieron representantes de 102 empresas y de 24 ayuntamientos,
de los que los de Calvià y Alcúdia se opusieron al proceso de
regularización. El resto de ayuntamientos expresaron su apoyo a la
medida propuesta por el Consell.
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