El lunes comienza el proceso para ilegalizar Batasuna. El pleno del
Congreso decidirá la aplicación de la Ley de Partidos, que contará
con la abstención de IU y de CiU y el voto en contra de PNV.
Después, el Gobierno adoptará la decisión de presentar la demanda
de ilegalización al Tribunal Supremo. Para ello, se basa en un
contundente informe jurídico presentado por el Ministerio de
Justicia, en el que se detallan 23 cargos contra Batasuna:
amenazas, ausencia de condenas de atentados, colocación en balcones
municipales de pancartas a favor de ETA y participación de
militantes con historial delictivo en sus órganos de dirección,
entre otras actuaciones.
Los demócratas han esperado durante años que Batasuna se
desligara de los brazos de la organización terrorista y que
aceptara los principios constitucionales. El tiempo se ha agotado y
la ciudadanía exigía ya una respuesta firme, dentro del más
escrupuloso cumplimiento de las reglas del Estado de derecho. El
sumario abierto por el juez Garzón y la Ley de Partidos confluirán
en un punto: la suspensión de actividades de Batasuna. No es
coherente que se persiga policialmente a ETA mientras sus
representantes políticos trabajan dentro del marco legal codo con
codo con los terroristas. España no será el primero de los paíes
europeos que ilegaliza un partido. Francia lo hizo con once
partidos, el último hace un mes, y Alemania con dos formaciones
políticas y 23 asociaciones.
Se ignoran cuáles serán las consecuencias de la ilegalización de
Batasuna, pero se sabe a ciencia cierta que ETA no va a renunciar a
causar dolor y sufrimiento, sea HB legal o ilegal. Se podra
discrepar del procedimiento utilizado por el PP y PSOE, y criticar
su incapacidad por entender los nacionalismos democráticos, pero la
complicidad de Batasuna con ETA sólo puede tener un final: su
ilegalización.
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