Un informe de la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP) plantea la implantación, por parte de los ayuntamientos, de
un impuesto medioambiental que pagarían las empresas que realicen
actividades contaminantes dentro de su término municipal.
Esta nueva opción tributaria tendría un papel secundario en el
conjunto de la financiación local, y los autores del estudio asumen
el alto coste social que se derivaría de la implantación en
relación en los recursos que podrían conseguirse.
El estudio detalla que el aspecto fundamental de estos tributos
ecológicos reside en la protección del medio ambiente, a la cual se
subordina la obtención de ingresos, ya sea mediante el
establecimiento de un incentivo o a través de la compensación de
daños causados.
Los redactores del informe analizan las posibilidades de esta
figura tributaria: impuestos, tasas o contribuciones especiales. En
el caso de los impuestos, recaerían sobre las actividades
contaminantes y la cuantía estaría directamente relacionada con el
daño ambiental, aunque se reconoce la dificultad de establecer
mecanismos de estimación objetiva.
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