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El subsuelo es un espacio ignoto; sólo unos pocos conocen lo que se esconde bajo nuestros pies. La unidad de subsuelo de la Policía Nacional desempeña un papel esencial en este terreno vedado para la mayoría, velando por la seguridad ciudadana desde la sombra de las redes de túneles que se extienden bajo el asfalto de pueblos y ciudades.

Muchos delitos perpetrados por delincuentes internacionales han sido cometidos a través del subsuelo. Por ello se consideró necesaria la creación de esta unidad. La primera se creó en Madrid en 1958, y poco a poco se fue implantando por toda España.

En la actualidad, esta especialidad se ha potenciado con la implantación de unidades en las principales ciudades, presentando una estructura que consta de una Sección Central del subsuelo, dependiente de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana; tres unidades de subsuelo integradas en Presidencia del Gobierno, Congreso de los Diputados y Ministerio del Interior y 16 Unidades de Subsuelo periféricas. Debido a la gran afluencia de personalidades relevantes, así como la especial circunstancia, al ser residencia de verano de los Reyes, la Dirección General de Policía estimó necesario el funcionamiento de una unidad en Mallorca, desde 1994.

La existencia de grandes redes subterráneas de alcantarillado y de servicios carentes de vigilancia, los continuos robos de material de conducción de tendidos eléctricos y de distribución de agua potable, así como el elevado riesgo de manipulación orientado a la defraudación de fluidos e intervención delictiva de las comunicaciones telefónicas y la seguridad del jefe de Estado y otras personalidades fueron los motivos principales que propiciaron la creación de esta especialidad policial.

Actualmente, la Policía Nacional de Palma cuenta con un equipo de siete personas, bajo la coordinación del oficial Renero, jefe de la Unidad Periférica. Las funciones que desempeñan se dividen en cinco grupos bien diferenciados: elaboración de estudios y planes integrales de seguridad, referidos al subsuelo de edificios oficiales y domicilios de personalidades y altos representantes de la Administración; colaboración en la planificación y ejecución de dispositivos de seguridad ordinarios y extraordinarios; inspección y vigilancia preventiva; intervención operativa con ocasión de la comisión de actos delictivos; y, por último, la recogida de muestras de residuos de la red subterránea.